Tal vez a muchos les parezca exagerado el título y consideren disparatado afirmar que los partidos políticos españoles son grupos mafiosos, “cárteles”, pero, si vemos qué dicen los diccionarios al respecto, acabarán concluyendo que, el apelativo no está lejos de la realidad.
¿Qué es un “cártel”?
Un cártel es una gran organización criminal o un conjunto de organizaciones criminales que establecen acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto de territorios para llevar a cabo sus actividades criminales.
Si tenemos en cuenta que, la corrupción es el abuso de poder, para beneficio privado (que acaba perjudicando a toda la Sociedad) y que llevan a cabo personas con autoridad, con capacidad de influencia, ya sean cargos electos o funcionarios de alto rango – los segundos en connivencia con los primeros- para lo cual es imprescindible haber “capturado” previamente el aparato del Estado, parcialmente o casi por completo; afirmar que los partidos políticos que, dicen ser los representantes de la voluntad popular, son “cárteles mafiosos”, no es nada exagerado, sino todo lo contrario.
Por supuesto, también son muchos los partidos políticos que nacieron con “buenas intenciones” (el camino del infierno está empedrado de ellas) y acabaron siendo secuestrados, capturados, por organizaciones criminales.
La corrupción en la gestión de lo público puede asociarse a varios factores fundamentales:
- A.- la intervención de particulares y de redes criminales que capturan al Estado, ya sea parcialmente o en su totalidad (adueñándose de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial), con el propósito de extraer rentas y de apropiarse de los recursos públicos, o de redes del crimen organizado vinculadas a particulares que, se especializan en apropiarse de forma fraudulenta de los recursos públicos,
- B.- la presencia de “políticos de negocios” y de partidos o agrupaciones políticas que, actúan con el único objetivo de apropiarse de los recursos públicos, previamente capturados para acceder al propio Estado
- C.- y el control de todos los resortes institucionales y de los mecanismos, pesos y contrapesos establecidos, para la prevención, la disuasión y el castigo de los actos de corrupción.
Es evidente que los actos de corrupción, de despilfarro, de malversación de fondos públicos se realizan una y otra vez, debido fundamentalmente a que, quienes los realizan, gozan de completa, o casi completa, impunidad. También es evidente que no existen, o apenas, mecanismos legales para disuadir a los corruptos, ni para sancionarlos o frenarlos de alguna manera; y cuando alguien que haya delinquido, comparece ante los tribunales, suele ser un cabeza de turco, un paripé, para simular que los gobernantes están preocupados y ocupados en luchar contra la corrupción; de todos modos, pocos son los delincuentes que suelen ser sancionados o destituidos, y para recochineo, muchos de ellos acaban siendo indultados por el Gobierno… Por otro lado, no se olvide que, la administración de justicia también está “secuestrada”, ha sido capturada por los cárteles mafiosos, de tal manera que, si algún juez o magistrado desea hacer carrera, está obligado a seguir las directrices de los capos que dirigen los diversos partidos políticos con representación en las instituciones; como resultado lógico, si algún miembro de los cárteles mafiosos (oligarcas y caciques de los partidos) acaba sentándose frente a un juez, tiene asegurado que éste no será hostil.
Es bueno resaltar, por si a alguien aún le han pasado desapercibidas, cuáles son las prácticas corruptas más frecuentes a las que recurren los partidos políticos “más representativos” y con más presencia en las diversas instituciones, sea a escala local, provincial, regional, nacional:
- el soborno, la aceptación de pagos para la prestación de un servicio, para acelerar un proceso, para evitar una sanción, para desviar o desvirtuar una decisión, para evitar una condena;
- la extorsión, presionar mediante métodos ilegales pagos por parte de cargos electos o funcionarios de alto rango cercanos a los diversos partidos;
- los acuerdos en los que el agente público y el ciudadano privado establecen un pacto recíproco en perjuicio del público, de forma que tal decisión favorece a personas particulares, a cambio de una recompensa para el agente público);
- las alteraciones fraudulentas del mercado;
- las alteraciones fraudulentas de las elecciones;
- las malversaciones y fraudes;
- la apropiación directa o indirecta de los dineros o bienes públicos;
- la especulación financiera con fondos públicos, utilizando recursos públicos para invertir en el mercado financiero, aunque dichos recursos no se vean disminuidos;
- la parcialidad en la aplicación de normas, administración o cualquier tipo de decisión deliberada;
- los acuerdos-pactos realizados de forma clandestina, con el objetivo de defraudar, en concursos o convocatorias públicas para la contratación de bienes, servicios u obra pública, en las que diferentes participantes acuerdan niveles mínimos de subasta o se eluden licitaciones; y el uso de información privilegiada para tomar decisiones económicas o sociales privadas.
Como ya nos advertía Joaquín Costa en “Oligarquía y caciquismo como la forma de gobierno en España…”, hace ya más de un siglo, en la España caciquil, los oligarcas se reparten el país por áreas de influencia política. Cada oligarca disfruta de su correspondiente feudo-taifa (léase “Comunidades Autónomas”). Los oligarcas se agrupan en asociaciones o “bolsas de empleo”, llamadas partidos políticos y hacen como que deliberan en las Cortes. En España más que Cortes y partidos políticos existe una caricatura de ambas cosas. Los grupos políticos no responden más que a intereses pasajeros y provisionales personales y particulares de grupos de interés (lobbies, o grupos de presión se denominan hoy) Por lo demás, el Parlamento no representa a la Nación. Las elecciones son organizadas por los que realmente gobiernan para obtener el resultado electoral apetecido,
Como resultado de todo ello, la política regional funciona basándose en redes y círculos de familias, allegados y clientela, y estos procuran perpetuarse y seguir obteniendo los beneficios que brinda el ejercicio del poder político. Es por ello que, resulta más beneficioso encubrir, hacer la vista gorda, mirar para otro lado, que denunciar a sus propios socios políticos (y no necesariamente “socios”), que en algunos casos son también familiares.
Los clanes políticos que se han sucedido en el gobierno, durante décadas, desde la muerte del General Franco, han manejado con criterio patrimonial la gestión de lo público, se han apropiado de los recursos públicos, han manejado la contratación de obra pública, bienes y servicios de los diversos ayuntamientos, diputaciones y cabildos insulares; así como a escala regional y nacional, favoreciendo a sus socios políticos y a sus allegados, se han distribuido los cargos públicos y han asumido la gestión pública como si se tratara de un asunto privado.
Pues sí, aunque los oligarcas y caciques de los diversos partidos con representación en las instituciones, proclamen lo contrario y sean muchos los españoles decentes que todavía no se han dado cuenta, o no desean ni siquiera pensarlo, los políticos españoles, organizados en cárteles mafiosos, se han adueñado del poder legislativo, del judicial y del ejecutivo -también de los medios de información, a los que habría que denominar más correctamente como “medios de manipulación de masas”-, orientan sus acciones al enriquecimiento personal, a incrementar su patrimonio, a la búsqueda de un mejor estatus, de prestigio, de ascenso y promoción social, mayores ingresos, posicionamiento personal y familiar.
Los oligarcas y caciques de los cárteles políticos, de los que vengo hablando, recurren a la apropiación indebida e ilegal de los recursos públicos, a la corrupción política y administrativa; y conciben la política como un negocio, como otro cualquiera, cuyo único objetivo es el lucro, conseguir beneficios de forma fácil, constantemente y sin parar… Como es lógico, a los gerifaltes de los cárteles políticos no les importa en absoluto que, sus cargos electos o los funcionarios de los partidos, no posean la preparación o la formación ideológica necesarias para cumplir con tareas requeridas por la administración pública. Insisto: los partidos consideran la acción política como un medio para incrementar sus propios recursos económicos.
Por supuesto, la política como negocio no entiende de lealtades ni tiene un sentido de identidad colectiva, por ello cuando lo consideran necesario, los políticos profesionales se cambian de partido, o crean una nueva facción o un nuevo partido.
Algo que, tampoco podemos olvidar, es que cuando los funcionarios públicos tienen amplios poderes discrecionales y escasa responsabilidad, incurren con frecuencia en la arbitrariedad, actuando muchos de ellos de forma corrupta.
En España alrededor del 30% de los empleados públicos de la Administración Central del Estado no son funcionarios, o sea que han accedido directamente a su puesto de trabajo en la Administración a través de otras vías que no son los tradicionales exámenes de ingreso en los Cuerpos de funcionarios, a los que está obligado el común de los mortales. La libre designación como procedimiento de contratación se ha extendido como una mancha de aceite en los últimos años, lo cual abre la puerta a la politización en nuestras administraciones públicas. Aquellos puestos de trabajo de la burocracia estatal que no son ocupados por funcionarios de carrera, y no han pasado por una oposición, teniendo en cuenta la capacidad y el mérito, las posibilidades de politización y de corrupción son mayores. Los funcionarios públicos pueden sentir la tentación de utilizar sus poderes con fines personales, y acabar prevaricando y aceptando sobornos; por supuesto, son muchos los ciudadanos que están dispuestos a hacer pagos ilegales para conseguir lo que quieren del Gobierno.
Evidentemente, un factor importantísimo que condiciona la corrupción, es la probabilidad de ser descubierto y sancionado, tanto por parte de la persona que soborna como por parte del funcionario sobornado, o cargo electo, que se deja sobornar.
También son muchos los que actúan desde el convencimiento de que, muchos jueces y fiscales, y funcionarios judiciales, están corrompidos (y desgraciadamente, no se equivocan).
Sin duda alguna, la creación de instrumentos de control y el fortalecimiento de los ya existentes, es una estrategia sustancial para combatir la corrupción.
Otras medidas necesarias son la reforma de la Administración Pública eliminando el clientelismo político en la contratación y en los ascensos, la reducción de las oportunidades de corrupción, aumentando la competencia y reduciendo la arbitrariedad de los funcionarios y la puesta en marcha de un sistema riguroso de rendición de cuentas, reforzando los mecanismos de supervisión y sanción, recurriendo no solamente al derecho penal, sino también a la supervisión por parte de instituciones oficiales y de los ciudadanos.
La sociedad civil puede ser un freno al abuso arbitrario de la autoridad (funcionarios y cargos electos), siempre que tengan capacidad de organizarse y posibilidad de acceder a información acerca de lo que está sucediendo. Para ello, los gobiernos deben estar obligados a publicar los presupuestos reales, los datos sobre recaudación de impuestos, etc. pero, de poco valdrá toda esa información si no existen mecanismos que permitan utilizarla para influir en la conducta del Gobierno.
En las Ciencias Políticas se utiliza últimamente el vocablo inglés Accountability, para nombrar el proceso a través del cual, todos los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable de los servidores públicos, por medio de mecanismos como la transparencia y la fiscalización, para evitar el abuso de poder. También implica la posibilidad de castigar a los individuos responsables de conductas delictivas, a través de órganos o tribunales especializados del gobierno, el voto de la ciudadanía y la opinión pública.
La transparencia, la rendición de cuentas, la exigencia desde la sociedad y las agencias gubernamentales y no gubernamentales de controles y las sanciones a quienes infrinjan las normas, los procedimientos y las leyes son elementos en los que se basa el mencionado concepto. Se trata de fortalecer los contrapoderes, los órganos de vigilancia y control interinstitucional, a la vez que fortalecer el papel de la sociedad en su capacidad de incidir de forma directa e indirecta en la gestión de lo público, de inspeccionar-supervisar, exigir, controlar a los gobernantes y a los empleados públicos.
Pero, lo que algunos llaman ampulosamente “La Nueva Gestión Pública” no tiene nada de nuevo, todo ello estaba ya previsto en el derecho castellano e incluido en “Las Siete Partidas”, el conjunto de las leyes de Castilla redactado durante el reinado de Alfonso X (1221-1284), con el objetivo de conseguir una cierta uniformidad jurídica del reino; y me refiero a los denominados JUICIOS DE RESIDENCIA, institución que se hizo extensiva al resto de España a lo largo del tiempo y que, incluso se implantó en las provincias americanas y el resto del imperio, perdurando hasta el siglo XIX.
Aunque ya he hablado de los JUICIOS DE RESIDENCIA, en múltiples ocasiones, no está de más volverlo a hacer, pues, salvo que alguien invente algo nuevo, fueron durante siglos el mejor instrumento para combatir la corrupción, frenarla y disuadir y sancionar a los corruptos:
El Juicio de Residencia era un procedimiento judicial mediante el cual funcionarios de cierto rango (Virreyes, Presidentes de Audiencia, alcaldes y alguaciles) eran juzgados por su actuación en sus funciones de gobierno, tratando de ese modo de minimizar y evitar posibles abusos y corruptelas en el uso de su poder. Dicho proceso se realizaba al finalizar su mandato, al acabar el ejercicio de su cargo y era ejecutado normalmente por la persona que le iba a sustituir.
En el “Juicio de Residencia” se analizaba detenidamente con pruebas documentales y entrevistas a testigos el grado de cumplimiento de las órdenes reales y su labor al frente del gobierno. La investigación y la labor de recabar pruebas e información las realizaba un juez elegido por el rey en el mismo lugar encargado de reunir todos los documentos y de realizar las entrevistas.
La “residencia”, que es como acabó llamándose para abreviar, era todo un evento público que se pregonaba a los cuatro vientos para que toda la comunidad participase y tuviese conocimiento del mismo. Estaba compuesto por dos fases: una secreta y otra pública. En la fase secreta el juez interrogaba de forma confidencial a gran número de testigos para que declararan sobre la conducta y actuación de los funcionarios juzgados, y examinaba también los documentos de gobierno. Con toda esta información el magistrado redactaba los posibles cargos contra los residenciados. En la segunda fase, la pública, los vecinos interesados eran libres de presentar todo tipo de querellas y demandas contra los funcionarios y estos debían proceder a defenderse de todos los cargos que se hubiesen presentado en ambas fases del proceso.
Posteriormente, el juez redactaba la sentencia, dictaba las penas y las costas y toda la documentación del proceso era remitida al Consejo de Indias, o a la Audiencia correspondiente para su aprobación. Las penas a los que se castigaba a los enjuiciados eran multas económicas que llevaban aparejadas la inhabilitación temporal o perpetua en el ejercicio de cargo público.
Los juicios de residencia funcionaron hasta que fueron derogados por las Cortes de Cádiz de 1812. Es muy sorprendente que fueran los liberales los que eliminaron una herramienta tan potente para el control de las corruptelas y abusos políticos de los gobernantes.
Por supuesto, además de reinstaurar los Juicios de Residencia, es urgente legislar acerca de la responsabilidad de los funcionarios y de los cargos electos en las diversas administraciones, por aquello de “más vale prevenir que curar”.
El primer paso debería ser crear normas que impidan la corrupción y disuadan a los que estén tentados de corromperse; lo siguiente sería aprobar leyes para castigar a los corruptos, pues, la experiencia demuestra que los humanos en general, tienden a las malas costumbres, y que es conveniente frenar cuanto antes, sin dilación ni aplazamientos las conductas no virtuosas, de forma ajustada a derecho.
Y, ya para terminar, por si alguien aún pone en duda el título o lo considera exagerado, los invito a que lean la descripción que hace un -anónimo- funcionario español del Ministerio de Hacienda, acerca de los procedimientos que usan los gobernantes para saquear a los ciudadanos productivos, a las personas de clase media; vean ustedes el “modus operandi”:
“Reflexiones sobre la democracia española y el coste de mantenerla”
Algunos creen que en España hay socialdemócratas, conservadores o liberales, se equivocan. El Estado Español es una estructura de saqueo y expolio a las clases medias, con un sistema impositivo cuyo único objetivo es robar todo lo posible a la parte productiva de la sociedad.
La Agencia Tributaria, el organismo recaudador de impuestos, explota, saquea y roba, con un impresionante despliegue técnico, humano y propagandístico.
En el Ministerio de Hacienda están los mejores funcionarios, los más profesionales, poseen los mejores ordenadores, el resto de la administración son servicios auxiliares de Hacienda.
El dinero recaudado va a dos grupos: una clase dirigente y a una red de electores-clientes que le da soporte.
Esas clases privilegiadas: partidos políticos, sindicatos, altos funcionarios y algunas grandes empresas, tienen por objeto maximizar el expolio mientras que se desprecia y se subestima el propio sistema productivo.
Se desprecia al empresario de éxito. Se entorpece la innovación y se impone un esquema de valores en el que el enriquecimiento honrado es moralmente criticable.
El actual régimen expropiatorio nace en los 80 con el Gobierno del PSOE (con Felipe González al frente). Sus acciones se orientaron a invadir el sistema educativo, inflar la administración, dar a los políticos el control de las cajas de ahorro, mientras desindustrializaban España…
De menos de 800.000 funcionarios existentes cuando se produjo la muerte del General Franco, se ha pasado a casi tres millones y medio, de los cuales Sanidad y Educación representan un millón doscientos mil, con una clara inflación de centros universitarios, mala calidad educativa y un gasto sanitario por habitante más bien bajo.
El PP cuando toma el poder no desmonta todo el aparato de saqueo que se encuentra, sino que se aprovecha de él, simplemente toma el relevo.
A todo esto, hay que añadir un cuarto poder: los medios de comunicación, que en la práctica no son más que un formidable aparato propagandístico de una clase en la que el sentido crítico, el análisis imparcial y la objetividad han desaparecido por completo, mientras toma su parte de los presupuestos públicos.
Como el dinero y la riqueza que se crean en España se queda corto, los sucesivos gobiernos han ido creando un enorme endeudamiento público que, pone al país a merced de sus acreedores y absorbe el ahorro privado.
El español medio, un auténtico ignorante político, permite que se utilice su dinero para pagar toda una maraña, una enorme trama corrupta que, en buena medida está orientada a engañarlo.
Nos quieren hacer creer que corrupción es meter la mano en la caja pero, no es así: fundaciones, organismos inútiles, cargos absurdos y redes clientelares representan muchísimo más gasto, más despilfarro, más dinero y tienen un objetivo igual de abyecto, o más, que el robo.
El elemento más obsceno de la corrupción del sistema es el manejo de los medios de comunicación públicos, que mejor habría que denominar «medios de manipulación de masas», y el permanente soborno a los medios privados, junto con la galopante degeneración y el uso propagandístico del sistema de enseñanza.
En la España oligárquica y caciquil, los ciudadanos están infantilizados y embrutecidos, la sociedad española es inmadura moral y políticamente. Esta España, corrupta que nos ha tocado, no puede tener ciudadanos conscientes y mucho menos «electores» propiamente dichos, ni por tanto, un régimen parlamentario. Como el pueblo español carece de madurez política, el sufragio universal también es una ficción…
El llamado «Estado de las autonomías» no está diseñado para una mejor gestión. Su prioridad es la manipulación de los medios de comunicación y de las mentes a través de los centros de enseñanza, desde la primaria hasta la universidad. En las regiones más «identitarias» -gobernadas por separatistas- esto es mucho más evidente: lavado de cerebro a costa de lo que sea.
Los costes de todo esto son enormes: un sistema productivo menguante y una productividad estancada desde hace varias décadas.
España va alejándose poco a poco de los niveles de renta de las cinco grandes naciones de la Unión Europea.
La corrupción y la mala gestión se ven a simple vista, si sabes mirar. La carestía de la vivienda, la alta factura de la electricidad, la falta de oportunidades, la inflación de leyes, la pesada y mastodóntica burocracia, la poca innovación o los salarios bajos son fruto del saqueo.
El deterioro de lo que llaman algunos ‘el contrato social’ es ya clamoroso. No existe ya igualdad frente a la ley, protección de la propiedad privada, ni presunción de inocencia.
Defender la igualdad frente a la ley, es en estos momentos en España un acto de subversión.
El Estado ya se inhibe de los elementos más elementales de los principios hobbesianos y se preocupa solamente de sí mismo y se ocupa en tener distraídos y entretenidos a los ciudadanos que todavía son ilusos y crédulos que, aún siguen ignorantes del inmenso saqueo al que están sometidos.
La ecología, la desigualdad, el feminismo, las acusaciones de fascismo,… no son más que cortinas de humo que intentan generar una respuesta emocional y por tanto irracional.
Se evita un análisis racional y por eso llenan las televisiones de tarascas, verduleras y gañanes que se desvían poco del insulto y el juicio de valor. El análisis racional ha sido totalmente desterrado, ni un solo intelectual tiene hueco ya en los medios.
Si queremos encontrar un modelo o algo similar a la España actual solamente hay que mirar a Argentina. Si no estuviéramos en el euro los niveles de inflación serían galopantes y se habría producido ya lo que en aquella nación denominan «corralito»
Así que aquí estamos. Hasta que no nos sacudamos a esos parásitos de encima, seguiremos en una sociedad mediocre e irrelevante y continuará el deterioro económico y moral.
¿ES LA CORRUPCIÓN UN MAL MENOR, UN DAÑO SOPORTABLE?
Evidentemente, la corrupción ha puesto a España patas arriba, invadiéndolo todo, incluyendo el idioma, hasta tal extremo que, la sociedad española se ha acabado degradando, pudriendo, infectado por la muerte, hasta resultar irreconocible… En esta España corrupta reina la desesperanza, es por ello que los españoles cada día que pasa se vuelven más indiferentes ante cualquier norma, incluidas las morales.
EXISTEN POLÍTICOS CORRUPTOS PORQUE LA GENTE LOS VOTA, LOS CORRUPTOS NECESITAN CÓMPLICES QUE LOS VOTEN Y SIGAN PARTICIPANDO DEL TRATO DE FAVOR QUE ESTOS LES DAN A QUIENES FORMAN PARTE DE SU RED CLIENTELAR…
