lunes, 21 de noviembre de 2022

Ya somos 8.000 millones de personas en todo el mundo

 

Ya somos 8.000 millones de personas en todo el mundo

Población mundial en 2022
Visual Capitalist
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 Redacción

Hace pocos días se batía la singular marca de superar los 8.000 millones de habitantes en todo el planeta. Según los datos de las Naciones Unidas (ONU), cada año la población mundial crece a un ritmo de 80 millones de personas. En solo 48 años, la población mundial se ha duplicado, pasando de 4.000 a 8.000 millones. La humanidad no está repartida por igual en todo el planeta, y los países adoptan todas las formas y tamaños.

Más de la mitad de la población se concentra en Asia, con más de 4.700 millones de personas este año, con mucha diferencia sobre el resto. El continente está dominado por los dos polos de población masivos de China e India. China ha ocupado el primer lugar durante siglos, pero todo hace indicar que India podría adelantarlo en 2023.

Mientras, la población de África asciende a 1.400 millones de personas. Muchos de los países con las tasas de crecimiento más rápidas se encuentran en África y, para 2050, se espera que la población del continente aumente a 2.500 millones.

Nigeria es el país más poblado de África y su economía más grande. Según las tasas de crecimiento actuales, la ciudad más grande de Nigeria, Lagos, podría incluso emerger como la megaciudad más importante del mundo para finales de siglo.

La población de Europa es de 750 millones de personas. Hace un siglo, la población de Europa se acercaba al 30% del total mundial. Hoy, esa cifra se sitúa en menos del 10%. Esto se debe, en parte, al crecimiento de la población en otras regiones del mundo.

Evolución de la población en los próximos años

Según las previsiones para 2023, India se convertirá en el país más poblado del planeta, superando por primera vez a China. Ambos países son con diferencia los que cuentan con más habitantes, con 1.428 millones y 1.425 millones, respectivamente.

Completan los cinco primeros puestos EEUU (340 millones), Indonesia (278 millones) y  Pakistán (240 millones). Sin embargo, es Nigeria (224 millones) el país que más crecimiento de la población está desarrollando en las últimas décadas, y se prevé que para mediados de 2040 supere a EEUU.

El Gobierno no debe rescatar a quieres erraron con su hipoteca

 

El Gobierno no debe rescatar a quieres erraron con su hipoteca

El Estado no puede estar 'rescatando' a todo aquel que tome malas decisiones financieras, incluida la firma de una hipoteca

Hace ya 42 años que Milton Friedman publicó su libro “Libertad de Elegir”, que es algo así como el libro de cabecera de los economistas neoliberales. Se trataba de un libro tardío, publicado después de haber obtenido el Premio Nobel (1976) y de ser el principal exponente de la denominada Escuela de Chicago.

Desde entonces, todo en teoría económica parece ser “neo”; están los neokeynesianos, los neoclásicos, los neoliberales, etc.; mucha actualización de teorías anteriores, pero nada nuevo. Probablemente, necesitaríamos un nuevo Keynes para que nos crease una teoría económica para el siglo XXI, en la que habría globalización, fuertes externalidades por cambio climático, escasez de agua, energía cara y omnipotentes bancos centrales que marcan el nivel de los tipos de interés donde les apetece, incluso manteniéndolos siete años en negativo, un nuevo paradigma de la heterodoxia financiera.

Tradicionalmente, la libertad de elegir se asocia con la democracia representativa, y parecería razonable que cada uno de nosotros, dentro de nuestro entorno de libertad, pudiéramos elegir lo que creemos que es mejor para nuestros intereses. Esa libertad nos puede llevar a equivocarnos, pero sería lógico pensar que fuéramos nosotros los que asumiéramos tanto los beneficios como los potenciales costes de nuestras decisiones, dado que las hemos tomado en libertad.

Sin embargo, y ya ciñéndonos a lo que ocurre en nuestro país, en los últimos años parece que si alguien se equivoca en temas financieros, los demás debemos acudir en su ayuda, no sé si por solidaridad, o porque políticamente se desean amarrar los votos de los que son objeto de ayuda por parte del Gobierno. Pasó con Bankia y los accionistas que habían invertido en acciones, un producto claramente de riesgo, que se vieron compensados por el banco por sus pérdidas, en un momento en el que el banco era público y había sido rescatado con más de 20.000 millones de euros, propiedad de todos los españoles.

Luego volvió a ocurrir con las “preferentes”, unos títulos diseñados en 2003 a medida de las cajas de ahorros por un decreto que llevaba la firma de Rodrigo Rato y del entonces secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, en el que se permitía a las cajas de ahorros crear sociedades fantasma, para que emitieran ese engendro que se llamó “participaciones preferentes” con la garantía de las propias cajas de ahorros, ya que estas entidades no tenían capital y no podían emitirlas, al contrario que los bancos. El resultado fue que, de nuevo, los títulos preferentes no pudieron ser pagados y, en medio del rescate de las cajas, hubo que recurrir a dinero público para resarcir a los inversores de sus inversiones con riesgo (estaban invirtiendo en acciones) al margen de que la comercialización de estos productos por parte de las redes comerciales de las cajas de ahorros también dejó mucho que desear.

Hace cinco años, se produjo la quiebra del Banco Popular y, de nuevo, las acciones y los bonos convertibles contingentes perdieron todo su valor y los accionistas dijeron que se les compensase por haber invertido en acciones, pero ahora la intervención había sido ordenada por el Banco Central Europeo, y hace unos meses se ha dictaminado que los inversores en productos de riesgo, como las acciones del Banco Popular, no tienen derecho a reclamar compensaciones. Si se arriesgaron comprando acciones en bolsa o en las ampliaciones de capital era porque pensaban obtener plusvalías o dividendos. Si les ha salido mal, no tienen que ser otras entidades, públicas o privadas las que compensen a los inversores en bolsa. Si los sujetos tienen libertad de elegir, deben también asumir sus consecuencias.

En lo que respecta a las hipotecas, se trata de un tema que está siendo manido en los últimos meses, por la demanda de determinados colectivos de prestatarios de que se les compense porque están subiendo los tipos de interés y les aumenta la cuota de la hipoteca. Y es aquí donde algunos nos rasgamos las vestiduras, ya que comprarse una casa es una decisión libre de los ciudadanos, no un derecho constitucional. Si se tiene dinero o capacidad económica para adquirir una casa, perfecto; pero si no se puede, las personas tendrán que vivir en régimen de alquiler, y ahí sí que será necesario facilitar el acceso a los sujetos, para cumplir el mandato constitucional.

Si se pide una hipoteca para comprar una vivienda, el peticionario deberá evaluar su capacidad de devolución del dinero prestado y sus ingresos mensuales para satisfacer las cuotas amortizativas. Si no se tiene seguridad en el empleo o se tiene un sueldo precario asumir riesgos a 30 años es un riesgo importante. Además, si se decide firmar una hipoteca habrá que decidir bajo qué modalidad se hace, es decir, si es a tipo fijo o a tipo variable. Cuando los tipos de interés están altos, lo lógico es hacerlo a tipo variable, ya que con el tiempo tendrán que bajar y, por tanto, bajarán las cuotas mensuales. Pero cuando los tipos de interés están bajos, y no digamos si están en negativo, los tipos de interés sólo pueden subir, por lo que lo que hay que hacer es firmar la hipoteca a tipo fijo.

En los últimos 15 años, hemos pasado de tipos de euríbor anual al 4,745% el 31-12-2007, justo antes de empezar la crisis financiera, a los últimos siete años en que han estado negativos. En la actualidad, los tipos de interés han subido hasta el 2,686% (1-11-2022), es decir, menos de dos puntos que los existentes al cierre de 2007 y por debajo del nivel de enero de 2009. Por tanto, todos aquellos que firmaron hipotecas a tipo variable antes del año 2009 se han estado beneficiando durante 13 años de unas cuotas inferiores a lo que habían previsto, y a nadie se le ocurre pensar que tengan que compensar a los bancos por haber pagado menos intereses. Pero, además, el número de hipotecas firmadas a tipo fijo se ha ido incrementando en los últimos años:

Evolución de las hipotecas en España
Elaboración propia a partir de datos del Colegio Español del Notariado y del INE

De hecho, casi la cuarta parte de las hipotecas del período 2009-2021 se han firmado a tipo fijo, y ahora se están beneficiando por haber tomado la decisión correcta, pagando unas cuotas inferiores a las que pagan los que se endeudaron a tipo variable, porque, digámoslo también, cuando firmaron la cuota a tipo variable era inferior que la cuota a tipo fijo, y creyeron ser más “listos” que los que se cubrían del riesgo financiándose a tipo fijo.

En cuanto a los 3,28 millones de hipotecas firmadas a tipo variable, hemos de tener en cuenta que una parte de estas hipotecas han podido ser canceladas, bien por impago, bien porque se habían contratado a plazos más cortos, no existiendo unas estadísticas de hipotecas vivas por tramos de contratación, por lo que no sabemos realmente cuántas se verán afectadas por la subida del euríbor, si bien sabemos que será de forma gradual, ya que normalmente el tipo de referencia se renueva una vez al año.

Después habría que ver qué se considera como “vulnerable” en términos de unidad familiar, ya que no sólo depende del salario que se cobre sino también del riesgo hipotecario asumido. Una persona que cobre 2.500 euros de sueldo y haya firmado una hipoteca de 1.500 euros al mes, puede tener más problemas que un persona que cobre 1.800 euros y tenga una hipoteca de 600 euros al mes. ¿A quién habría que ayudar? Se trata de un tema muy complejo, en el que la izquierda mediática está tratando de presentarse como adalid de la defensa de los oprimidos por los “odiosos” banqueros, cuando sencillamente tendría que inhibirse en un tema que no le compete. 

Mientras tanto, en el otro lado del espectro político, el Partido Popular quiere hacer lo propio con su “cheque hipoteca” para los que compraron vivienda a partir de 2013 (¿y por qué no a partir de 2009?), o reeditar la desgravación por compra de vivienda, apuntándose también a la guerra por la compra de votos.

Ninguno de los partidos mayoritarios cae en el hecho de que lo que en el fondo están haciendo, o quieren hacer, es una transferencia de rentas desde los que no se compran piso hacia los que sí se lo han comprado, utilizando como vehículo los impuestos que pagamos todos. Lo dicho, nos toman como si fuéramos personas incapaces de asumir las consecuencias de nuestras propias decisiones, y por eso nos tienen que llevar de la mano, interviniendo en todo momento en la marcha de los flujos económicos y financieros.

¡Señores diputados! No somos niños de pecho para que se nos dé de mamar con el maná del Estado. Si vivimos en una democracia representativa, no es de recibo que los gobiernos estén interviniendo continuamente en la Economía. Cuando un mercado funciona de una manera razonablemente eficiente, es preciso dejarlo en libertadUn euríbor entre el 2% y el 3% es un nivel de lo más adecuado para un sistema económico y los españoles somos personas lo suficientemente maduras como para elegir si queremos firmar una hipoteca y asumir los riesgos y compromisos que ello conlleva.

El Gobierno no puede salir con dinero público al “rescate” de aquellos que han tomado una mala decisión de inversión, ya sea en acciones o en ladrillo. A veces, a las personas hay que dejarlas que se equivoquen a fin de que cojan experiencia. Si siempre se nos tiene tutelados y subsidiados nunca conseguiremos la mayoría de edad que nos haga mirar de tú a tú a nuestros homólogos europeos.

Miguel Córdoba es profesor de economía y finanzas desde hace 33 años y ha sido director financiero de varias empresas del sector privado.

domingo, 13 de noviembre de 2022

Del golpe de Estado en Cataluña al golpe al Estado de Sánchez

 

Del golpe de Estado en Cataluña al golpe al Estado de Sánchez

Del golpe de Estado en Cataluña al golpe al Estado de Sánchez

Con nocturnidad y alevosía, mintiendo como un bellaco, el presidente del Gobierno anunció en televisión que hoy mismo presentará una proposición de ley para reformar el delito de sedición y contentar así a los golpistas catalanes que subvirtieron el orden constitucional. El procedimiento elegido no es baladí y está orientado a saltarse los informes del Consejo de Estado y del CGPJ, lo que demuestra que el presidente está dispuesto a pasar por encima de las instituciones para consumar un plan que supone un golpe en toda regla a la piedra angular de nuestro Estado de Derecho.

Sánchez convierte el delito de sedición en un delito de desórdenes públicos agravados, como si lo ocurrido el 1-O hubiera sido una algarada callejera promovida por un grupo de mozalbetes a los que se les fue la mano. Basta con leer la sentencia del Tribunal Supremo para darse cuenta de que lo ocurrido en 2017 fue el detonante de un plan trazado de forma concienzuda para saltarse el ordenamiento jurídico, desafiando la unidad territorial del Estado. Para Sánchez, sin embargo, el golpe de Estado promovido por los separatistas catalanes fue una protesta callejera subida de tono, como si violentar la Constitución española fuera lo mismo que quemar contenedores. No hace falta ser muy sagaz para caer en la cuenta que estamos ante una retroalimentación infame de intereses entre unos golpistas y un jefe del Ejecutivo que recurre a un golpe institucional para servir a los intereses de un grupo de sediciosos.

El viejo delito de lesa patria encajaría como un guante en el comportamiento de Sánchez, un traidor sin matices que se ha servido de su cargo para dejar sin defensas al Estado frente al desafío de los separatistas. Porque si los sediciosos volvieran a hacer lo mismo, con la reforma de Sánchez el castigo penal sería irrisorio y desproporcionado en función del objetivo de romper la unidad de España. En suma, que entre golpistas anda el juego. De aquel golpe de Estado en octubre de 2017 al golpe de Sánchez en noviembre de 2022 hay alguna diferencia sustancial, claro está, pero a ambos les une un mismo objetivo: quebrar el marco constitucional y romper la unidad nacional

Alta traición a España de Pedro Sánchez

 

Alta traición a España de Pedro Sánchez

La derogación del delito de sedición es una amnistía encubierta con la que se avanza en el desmantelamiento del Estado de derecho en España.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha perpetrado la enésima traición a España. La reforma del Código Penal por la puerta de atrás, sin los informes preceptivos del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para suprimir el delito de sedición es una invitación a los golpistas para que cumplan su promesa de volver a dar un golpe de Estado como el de octubre de 2017.

La maniobra de Sánchez responde a las exigencias de ERC y tendrá efectos tales como que los golpistas ya condenados se puedan presentar a las próximas elecciones, el retorno de la fugada de ERC Marta Rovira y puede que también el regreso de Puigdemont, para quienes el Ejecutivo prepara un recibimiento triunfal además de impune.

La derogación del delito y la creación de los "desórdenes públicos agravados" pretende desmontar la sentencia, ya de suyo tibia, del Tribunal Supremo por la asonada de hace cinco años. Con la rebaja de quince a cinco años de prisión como máximo, todos los indultados ya pueden presentarse a las elecciones cuando quieran. Se trata de una amnistía encubierta con la que se avanza en las operaciones de desmantelamiento del Estado de Derecho en España. En ninguna democracia digna de tal nombre se admitiría que quienes han delinquido sean quienes rehagan las leyes para dejar sus tropelías en papel mojado. Además de grave, es un hecho inédito

Después de los indultos y con la derogación del delito de sedición, triunfa el golpe de Estado independentista. Los principales dirigentes separatistas gozarán de una impunidad absoluta cuando se decidan a poner otra vez al Estado contra las cuerdas y a pisotear los derechos civiles de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña y, por ende, los de resto de españoles.

Más allá de que con el anuncio de Sánchez quede al descubierto que mientras negociaba con el PP la renovación de la cúpula judicial urdía con ERC la reforma del Código Penal, el acuerdo con los separatistas supone blanquear los graves delitos cometidos hace cinco años y que el Tribunal Supremo ya rebajó de rebelión, que es lo que fue, a sedición, un tipo delictivo cuya aplicación en la condena abría la puerta a un trato penitenciario de favor, la rápida obtención del tercer grado y finalmente los indultos, como se pudo verificar paso a paso.

Sánchez ha puesto España a los pies de los golpistas que pretendieron destrozarla en 2017. Deja a la Nación sin defensa jurídica ante quienes operan sin tapujos para su destrucción, expuesta a la intemperie, vejada y traicionada por Sánchez y sus socios, a quienes en países como Alemania se juzgaría por "alta traición" con la posibilidad de la cadena perpetua que prevé el código alemán.

Porque es mentira que se pretenda adaptar nuestro Código Penal en la materia de golpismo a las legislaciones de otros países de nuestro entorno. Hasta en Bélgica tendría más castigo lo cometido por los separatistas hace cinco años, por no hablar de Francia, Italia y Portugal. Claro que la mentira es consustancial al sanchismo, como ha quedado acreditado una vez más. La alianza entre socialistas y separatistas catalanes y vascos es un peligro evidente para la unidad de España, para la igualdad de derechos y para el ejercicio de las libertades, puesto que sitúa a los golpistas por encima de la ley, al margen de cualquier imperativo legal, con las manos libres para desembocar en un referéndum de autodeterminación, que es el siguiente paso de la llamada "mesa de negociación" en la que Sánchez ha vendido España.


Cuando vas de estadista y eres un filoetarra y un golpista

 

Cuando vas de estadista y eres un filoetarra y un golpista

Cuando vas de estadista y eres un filoetarra y un golpista

—1874: Pavía toma el Congreso, a caballo o no, que eso también está en discusión 148 años después, y acaba con la primera república que hubo en España.

—1923: Miguel Primo de Rivera acaba con la democracia con la colaboración de Alfonso XIII y no pocos partidos a derecha e izquierda.

—1932: tras contemplar los primeros desmanes sangrientos de la izquierda, José Sanjurjo protagoniza una asonada con el respaldo de una parte reducida de la derecha, los nostálgicos de la monarquía, que es rápidamente sofocada por el Gobierno legítimo de la República.

—1934: el asesino Largo Caballero no acepta que la derecha gobierne aglutinada en torno a ese antecedente del PP que fue la CEDA y provoca un levantamiento que acaba con la vida de 2.000 españoles. Le llaman «Revolución» pero fue una rebelión con todas las de la ley. A la par, el genocida Companys lleva a la práctica aquello de que «a río revuelto, ganancia de pescadores» y declara el «Estado catalán» en un golpe bis.

—1936: Franco, Mola, Sanjurjo y Queipo de Llano dan un golpe de Estado contra un Frente Popular que, todo hay que decirlo, había robado las elecciones de febrero e instaurado de facto un régimen de terror que pasaba por la eliminación del adversario, ya fueran católicos, monárquicos, liberales, empresarios o simplemente disidentes de un régimen ya en manos de la Unión Soviética.

—1981: el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero asalta el Congreso y secuestra a los diputados. Se sabe quiénes eran los otros dos grandes capos del putsch, Armada y Milans, y se intuye la identidad del «Elefante Blanco», que es como se bautizó al número 1 de la pirámide rebelde. Aquel Elefante Blanco tenía y tiene impunidad e inmunidad.

—2017: los partidos independentistas catalanes declaran abolida la Constitución en Cataluña, es decir, la democracia, y proclaman la República saltándose todas las normas habidas y por haber. El Ejecutivo de Mariano Rajoy suspende de mentirijillas la autonomía catalana aplicando por primera vez en democracia el artículo 155 de la ley de leyes.

La derogación del delito de sedición es la gota que colma el vaso de la demolición del sistema constitucional que nos regalamos en 1978 

Se me tachará de hiperbólico, de apocalíptico, otros me tildarán de sectario, la extrema izquierda que nos gobierna me pondrá a caer de un burro para variar, pero objetivamente creo que Pedro Sánchez atesora ya suficientes elementos en su persona para que se le considere el autor de la octava gran asonada de los últimos 148 años en España. La Pedrada. Lo acontecido esta semana con la derogación del delito de sedición para garantizar la impunidad de los tejeritos catalanes es la gota que colma el vaso de la demolición del sistema constitucional que los españoles nos regalamos en 1978 tras casi 40 años de dictadura. Una explosión descontrolada que continúa adelante a velocidades supersónicas.

Lo primero que hace Sánchez con este intolerable trágala es cambiar la ley para favorecer a unos delincuentes, mejor dicho, para agraciar a los protagonistas de uno de los peores actos, si no el peor, que se puede perpetrar en una democracia: un golpe de Estado. Peor aún: ahora cualquier español o grupo organizado tendrá la tentación de cambiar al presidente de turno y el ordenamiento legal. Cepillarte al inquilino de Moncloa para ponerte tú saldrá prácticamente gratis: cinco años como mucho. Y si te sale bien, a vivir en Palacio, a volar en Falcon y a veranear en la residencia real de La Mareta ¡que la vida son dos días! Y si eres un desahogado nivel dios a robar como si no hubiera un mañana.

Lo que hasta ahora era la sedición se considerará tras esta asonada «un delito de desórdenes públicos agravados», sancionado con un máximo de seis años de reclusión, lo cual implica que en unos dos estarás en la calle. «Por intentarlo tampoco se pierde nada», pensará más de uno. La sanción máxima previa era de hasta 15 años por sedición y de hasta 25 por rebelión, el delito por el que el Supremo debería haber condenado a esta gentuza. Por cierto: penas algo más ligeritas de las contempladas en la legislación de los grandes estados europeos.

La segunda consecuencia de La Pedrada es que hace saltar por los aires definitivamente la separación de poderes inherente a cualquier sistema de libertades. Sin legalidad no hay democracia. Elemental, perogrullesco apostillaría yo, pero conviene repetirlo porque en esta España socialcomunista se están perdiendo los más elementales principios que sustentan un sistema digno de aquel nombre. Puedo imaginar la impotencia que invade a los magistrados del Tribunal Supremo, como el gran Llarena o el superlativo Marchena, que pusieron en su sitio a los golpistas encabezados por Puigdemont y Junqueras con la única arma que se puede emplear: el Estado de Derecho.

El prevaricador que prometió que endurecería el delito de sedición, Pedro Sánchez, ha hecho exactamente lo contrario: abolirlo

El instructor del 1-O en particular y del procés en general, Pablo Llarena, debe estar que fuma en pipa al observar que su extraordinario trabajo y sus interminables desvelos han quedado en papel mojado. Los delincuentes se han salido con la suya por acción y los magistrados que los sentaron en el banquillo y los juzgaron han sido gravemente desautorizados por omisión. ¿De qué sirvió a Llarena, por ejemplo, aguantar como un jabato los ataques a una de sus viviendas en Cataluña, donde residía habitualmente? ¿Para qué su mujer, Gema Espinosa, a la sazón directora de la Escuela Judicial con sede en Barcelona, tiró de valentía y decencia moral pensando que resistiendo, ganarían? Para nada. O, sí: para que llegue quien más te tiene que respaldar, el presidente del Gobierno, y se acueste con quienes te escrachaban, te amenazaban de muerte, acosaban fascistoidamente a tus hijos y te obligaban a ti y a tu mujer a ir con cinco escoltas mañana, tarde y noche.

Llueve sobre mojado. El prevaricador que prometió que endurecería el delito de sedición, Pedro Sánchez, ha hecho exactamente lo contrario: abolirlo. Y que le den a la ley, a la Carta Magna, a ese Rey que se dejó la piel aquel mes de octubre de 2017 en el que vivimos peligrosamente, a los dueños de España, los españoles, que yo me mantengo al menos un año más en Moncloa, en Doñana y, sobre todo y por encima de todo, en ese Falcon que antes o después será objeto de una tesis en Psiquiatría.

Es la culminación del segundo procés que consiste en legitimar a los que protagonizaron un putsch, a aquellos que ejercieron el terrorismo —es lo que practicaban los CDR según la Audiencia Nacional—, a los que tienen sometidos desde hace cuatro décadas a los españolistas en Cataluña, que no en vano suponen casi el 60% de la población. También a los que te obligan a rotular por bemoles tu botiga en catalán y a que tu hijo no pueda estudiar en la lengua que a ti te dé la realísima gana.

Todo comenzó aquel 1 de junio de 2018 en el que el traidor Pedro Sánchez se unió a lo peor de cada casa, los golpistas de ERC, los etarras de Bildu y los podemitas del delincuente coletudo, para sacar de La Moncloa a quien había ganado legítimamente las elecciones con 52 escaños de diferencia: Mariano Rajoy. El segundo gran capítulo se escribió con los indultos a unos tejeritos que no se han arrepentido del levantamiento contra el orden democrático de hace un lustro. Otra puñalada al poder judicial y otra demostración de lo embustero que es el personaje: se comprometió a incrementar las penas por sedición pero también empeñó su palabra en no indultar a los golpistas jamás.

El siguiente hito de la hoja de ruta de Sánchez y sus colegas será aupar a la Lehendakaritza a Arnaldo Otegi en las próximas elecciones vascas

El golpe de Sánchez es de 360 grados, se extiende a norte, sur, este y oeste. Su alianza estable con Bildu le hace merecedor de nuestro asco perpetuo. A la cabeza de Bildu está el ex jefe de ETA Arnaldo Otegi, un malnacido que cuando era un terrorista de a pie pegó un tiro en la pierna al centrista Gabriel Cisneros, secuestró al embajador Javier Rupérez y mantuvo en un zulo de 3 metros de largo, 1,50 de ancho y 1,80 de alto al directivo de Michelin Luis Abaitua. Item más: el número 2 de Bildu es David Pla, número 1 de la banda terrorista y máximo responsable de una decena de asesinatos entre 2008 y 2011, el del socialista Isaías Carrasco entre otros.

Suma y sigue: en mi tierra, Navarra, la presidenta socialista, María Chivite, tiene de aliado prioritario y permanente a Bildu. Su interlocutor es el jefe de filas en el Parlamento, Adolfo Araiz, el tipejo que parió la estrategia de «socialización del dolor», que consistió en extender los asesinatos de ETA más allá del Ejército y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Un plan que provocó la muerte de Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica, Miguel Ángel Blanco y mis paisanos Tomás Caballero y José Javier Múgica, entre otros. El siguiente hito de la hoja de ruta de Sánchez y sus colegas será aupar a la Lehendakaritza a Arnaldo Otegi en las próximas autonómicas vascas en 2024. Un do ut des diabólico: yo te doy el Gobierno vasco, tú a mí el de España. Tiempo al tiempo.

Ni miento ni exagero cuando digo que Sánchez es un filoetarra. La Real Academia señala textualmente que el prefijo «filo» se emplea «para la formación de nombres y adjetivos con el sentido de ‘amigo de’ y ‘aficionado a’». Cualquiera de las dos acepciones le viene al pelo al pájaro. Y que es un golpista creo que está ya en el terreno de lo que los anglosajones denominan «más allá de toda duda razonable». Primero fue colaborador y socio de los golpistas: no en vano, ERC es, extramuros, su socio preferente de legislatura. Ahora forman parte del mismo equipo: el de ese golpe cada vez menos silencioso que está tumbando la Constitución, la independencia judicial y la alternancia democrática. Hugo Chávez, Erdogan y Putin empezaron así. Salieron de las urnas pero pronto se aprovecharon de los agujeros de la democracia para, sin prisa pero sin pausa, transformar sus regímenes en dictaduras o autocracias. En eso estamos ya desde el jueves. Ya sólo un vuelco electoral puede parar esta locura.