Las grandes fortunas que no pagan impuestos

                           LA BANCA, EL FRAUDE FISCAL Y EL NEW YORK TIMES.

                                                      

      El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos,además de en España.En EE.UU. el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.

     Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente de EE.UU. y uno de los más influyentes del mundo. Es de suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el expresidente Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio Botín.

     Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero,un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas; José María Aznar; Dolores Cospedal;Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja...). Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa -según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total. Es también conocida la intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la exVicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con cierta ironía, "el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos y su presentación al tribunal". Una medida que juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que "los ricos no pagan impuestos en España". Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal de los súperricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy realizando. Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, queseñala como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos -aclara el Sr. Salvador Arancibia- "...medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada". De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman "libertad de prensa".

 Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

Exigir la suspensión de las CC.AA.

Carta a la Sra. Merkel:
Exija el fin de las autonomías

Respetada Canciller Federal:
Hace tres semanas, el profesor e historiador norteamericano David
Spengler publicaría una carta abierta en The Asian Times dirigida a su
persona, en la que la pedía “que dejara caer a España”, y explicaba
las razones, que iban desde la incompetencia, el despilfarro y la
corrupción generalizadas del Gobierno y particularmente de las
administraciones territoriales, donde nadie controla nada y nadie
responde de nada, lo que implica una asignación del grueso de los
recursos públicos (45 % del PIB) en forma tan disparatada e ineficaz
que supera todo lo imaginable. Adicionalmente, según el Dr. Spengler,
el Gobierno miente en todo: sobre su situación económica, sobre la
bancaria y sobre la fiscal. Su deuda y los intereses son ya
inasumibles y, en consecuencia, somos insalvables.
No obstante, y aun reconociendo la veracidad de sus afirmaciones -que
tengamos hoy más PIB real que en 2007 resume la falsedad inaudita de
las cifras oficiales-, España no sólo es salvable es que ni siquiera
necesitaría la intervención, sólo necesita la supresión del sistema
autonómico, que representa un despilfarro anual de más de 120.000
millones de euros, equivalentes al 12% del PIB. Sin embargo, la
oligarquía política se opone radicalmente a desmontar esta gigantesca
estructura que ha levantado en su exclusivo beneficio y escapa a las
manos de los españoles el poder de cambiar este expolio de
proporciones épicas. A día de hoy, el déficit de las regiones y
ayuntamientos asciende a unos 5.000 millones de euros mensuales, y
está siendo cubierto por el Gobierno con supuestos “adelantos
presupuestarios”, supuestos porque jamás serán devueltos, lo que ha
elevado el déficit del Estado en un 50% hasta abril, equivalente al
10% del PIB en términos anualizados. Y tampoco pueden pagar los
vencimientos de deuda, más de 25.000 millones, y esperan que el
Gobierno con el dinero del BCE lo haga por ellos.
Con una deuda pública total -no solo la computable- del 118 % del PIB
oficial, un déficit 2012 estimado en más de 110.000 millones y unos
intereses del 4,5% del PIB oficial en los próximos 12 meses, España ha
superado el punto de no retorno y ocurre que sólo Ud. como Canciller
de Alemania y líder más cualificada de Occidente tiene el poder de
acabar con una situación que supondrá la ruina, no solo de España sino
tal vez el fin de la zona euro. Y para evitarlo bastaría exigir,
condicionando a ello cualquier ayuda, la reforma radical de las
instituciones territoriales responsables de los dos tercios del gasto
público. Es absolutamente inaceptable, tanto social como
económicamente, que la UE y el FMI exijan a España que suba impuestos
y recorte prestaciones, sin antes acabar con el despilfarro
autonómico. ¿Cómo se puede subir el IVA y recortar pensiones y
mantener 30.000 coches oficiales o dos millones de empleados públicos
inútiles? ¿Cómo destruir la economía productiva y de las familias y
mantener intacta la improductiva? Y es ahí Sra. Canciller, donde los
españoles necesitamos desesperadamente su ayuda.
Como conoce perfectamente, porque lo ha vivido en primera persona,
España ha estado gobernada durante más de siete años por un presidente
poco cualificado y ahora, a pesar de las ilusiones populares puestas
en el cambio, Mariano Rajoy se ha revelado un fracaso total. Ni tiene
coraje, ni tiene un plan ni intención alguna de tenerlo, toda su
gestión ha resultado una auténtica tragedia. Ambos, junto con el
aparato de sus propios partidos, funcionan exclusivamente como una
oligarquía -España tiene 450.000 políticos, cuatro veces más por
habitante que la UE- de intereses comunes y nunca como partidos
nacionales. Para ellos son más importantes sus ventajas partidistas y
personales que los intereses de la nación, lo que les lleva a mantener
a toda costa un modelo de Estado cuyo nivel de despilfarro y de
corrupción nos conduce a la ruina.
Vivimos bajo un modelo que dividió la nación en 17 autonomías
territoriales, totalmente contrarias, excepto dos, a la Historia y a
la realidad objetiva de España. Estas autonomías, cuyas competencias
más que duplican a las de los Estados federales, son el vehículo con
el que la oligarquía política fue colocando a sus familiares, amigos y
correligionarios, creando para ello, el equivalente a 17 mini estados
con todos los órganos propios de una nación, desde 17 Parlamentos a 19
televisiones públicas (todas en pérdidas), 23 Universidades sin
alumnos que las justifiquen a 22 aeropuertos con 300 pasajeros/mes,
pasando por infraestructuras absolutamente ruinosas. A ello se unen
8.200 Ayuntamientos, cuando no se justifican más de 3.000, y con
niveles de despilfarro inauditos. Sólo Madrid, la capital más
endeudada de Europa, tiene 1.500 asesores inútiles, 180 coches
oficiales, personal cinco veces más que los grandes ayuntamientos
mundiales y ha gastado 500 millones de euros en dotarse de la
sede-palacio más lujosa de Occidente, mientras el 23% de madrileños
vive por debajo del umbral de la pobreza, de ellos 140.000 niños. Y
ahora ¡quieren organizar los Juegos Olímpicos!
La rémora del empleo público
Primero colocaron a decenas de miles, luego a cientos de miles y hoy
totalizan dos millones de empleados públicos nombrados a dedo –causa
principal del brutal nivel de desempleo, ya que en España cada empleo
público destruye 2,8 puestos en el sector privado- y donde para no
tener que dar explicaciones a nadie crearían hasta 3.000 empresas
públicas, la gran tapadera del despilfarro, una inmensa telaraña de
ocultación de deuda y corrupción, empleando a 400.000 personas amigas
y con sueldos un 35% superiores a la media del sector privado.
El grueso de la crisis bancaria derivaría también del modelo de
Estado. El 54% de los depósitos de la banca se concentraba hasta el
año 2.000 en cajas de ahorro, que habían sido el referente de las
clases humildes españolas durante casi dos siglos y que se
convertirían en botín preferido de los Presidentes autonómicos, que
impondrían a personas políticas afines no profesionales al frente de
las mismas, al objeto de poder disfrutar de un poder económico casi
ilimitado para financiar sus obras faraónicas y los disparates más
inauditos.
Veinte “gestores” irresponsables y moralmente corruptos,
interrelacionados política y económicamente por 14 presidentes
autonómicos, que les garantizaría la no intervención del Banco de
España primero y la ocultación de la realidad de sus balances después,
financiarían los proyectos inmobiliarios más inauditos, que junto con
las grandes obras públicas llevarían a la quiebra a la mayoría de
estas instituciones bicentenarias en solo ocho años. PP, PSOE y
nacionalistas sellarían un pacto de silencio para que ninguno de los
responsables de tamaña catástrofe fuera procesado. La última acción al
respecto la protagonizaría el Sr. Rajoy, de acuerdo con el PSOE, al no
destituir al Gobernador del Banco de España por grave incumplimiento
de sus obligaciones a cambio de su silencio.
En conjunto, esta situación ha llevado a España a un nivel de
endeudamiento público y privado del orden del 400% del PIB, el más
elevado del planeta, una cantidad que jamás podrá ser devuelta. Dentro
de ella, la deuda pública no cesa de crecer, gracias a la actitud
absolutamente irresponsable del BCE, cuyos préstamos se entregan sin
control alguno para financiar el gasto corriente y los agujeros
bancarios, y donde ni un euro va a la economía productiva, lo que
arruinará España para varias generaciones. El rescate bancario ha sido
de nuevo insuficiente, porque se ha infravalorado la morosidad –la
real es doble de la oficial– y porque las viviendas caerán aún un 35%
y no se ha tenido en cuenta. Además crea un círculo vicioso de bancos
quebrados comprando deuda con el dinero del BCE para mantener un
Estado quebrado, que a su vez se endeuda para salvar a estos mismos
bancos quebrados. Sólo la actuación simultánea sobre el sistema
financiero, cerrando los bancos inviables y cambiando de modelo de
Estado, puede salvarnos.
Sin embargo, si la ya inevitable intervención se hace en forma
indiscriminada, desconociendo la realidad económica de la nación,
reduciendo salarios y prestaciones y subiendo impuestos, sin cortar de
raíz los focos de despilfarro y manteniendo intactos los 450.000
políticos, parásitos sociales en su mayoría, que nos han llevado a la
ruina, el resultado sería un desastre histórico y la miseria y el
hambre para millones. Es por ello Sra. Canciller, que como única
persona que está hoy en condiciones de ayudar al pueblo español, me
dirijo a Ud. para pedirla que antes de la intervención exija en su
lugar la supresión la locura económica que implica la actual
administración autonómica y local. La eliminación de un gasto inútil
de 120.000 millones de euros anuales, permitiría reducir el
endeudamiento y crear empleo significativamente en relativamente poco
tiempo, mientras que la alternativa conllevaría una brutal deflación
interna con unas consecuencias económica y socialmente devastadoras.
Un sufrimiento casi inimaginable para los españoles actuales y
futuros, para mantener los privilegios de una oligarquía política
parasitaria y corrupta.
Roberto Centeno, Catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de
Madrid
(Se envía copias a Wolfgang Schäuble, Ministro de Finanzas de
Alemania; Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI; Olli Rehn,
responsable de Asuntos Económicos y Euro de la Comisión, y Mario
Draghi presidente del BCE)