Exija el fin de las autonomías
Respetada Canciller Federal:
Hace tres semanas, el profesor e historiador norteamericano David
Spengler publicaría una carta abierta en The Asian Times dirigida a su
persona, en la que la pedía “que dejara caer a España”, y explicaba
las razones, que iban desde la incompetencia, el despilfarro y la
corrupción generalizadas del Gobierno y particularmente de las
administraciones territoriales, donde nadie controla nada y nadie
responde de nada, lo que implica una asignación del grueso de los
recursos públicos (45 % del PIB) en forma tan disparatada e ineficaz
que supera todo lo imaginable. Adicionalmente, según el Dr. Spengler,
el Gobierno miente en todo: sobre su situación económica, sobre la
bancaria y sobre la fiscal. Su deuda y los intereses son ya
inasumibles y, en consecuencia, somos insalvables.
No obstante, y aun reconociendo la veracidad de sus afirmaciones -que
tengamos hoy más PIB real que en 2007 resume la falsedad inaudita de
las cifras oficiales-, España no sólo es salvable es que ni siquiera
necesitaría la intervención, sólo necesita la supresión del sistema
autonómico, que representa un despilfarro anual de más de 120.000
millones de euros, equivalentes al 12% del PIB. Sin embargo, la
oligarquía política se opone radicalmente a desmontar esta gigantesca
estructura que ha levantado en su exclusivo beneficio y escapa a las
manos de los españoles el poder de cambiar este expolio de
proporciones épicas. A día de hoy, el déficit de las regiones y
ayuntamientos asciende a unos 5.000 millones de euros mensuales, y
está siendo cubierto por el Gobierno con supuestos “adelantos
presupuestarios”, supuestos porque jamás serán devueltos, lo que ha
elevado el déficit del Estado en un 50% hasta abril, equivalente al
10% del PIB en términos anualizados. Y tampoco pueden pagar los
vencimientos de deuda, más de 25.000 millones, y esperan que el
Gobierno con el dinero del BCE lo haga por ellos.
Con una deuda pública total -no solo la computable- del 118 % del PIB
oficial, un déficit 2012 estimado en más de 110.000 millones y unos
intereses del 4,5% del PIB oficial en los próximos 12 meses, España ha
superado el punto de no retorno y ocurre que sólo Ud. como Canciller
de Alemania y líder más cualificada de Occidente tiene el poder de
acabar con una situación que supondrá la ruina, no solo de España sino
tal vez el fin de la zona euro. Y para evitarlo bastaría exigir,
condicionando a ello cualquier ayuda, la reforma radical de las
instituciones territoriales responsables de los dos tercios del gasto
público. Es absolutamente inaceptable, tanto social como
económicamente, que la UE y el FMI exijan a España que suba impuestos
y recorte prestaciones, sin antes acabar con el despilfarro
autonómico. ¿Cómo se puede subir el IVA y recortar pensiones y
mantener 30.000 coches oficiales o dos millones de empleados públicos
inútiles? ¿Cómo destruir la economía productiva y de las familias y
mantener intacta la improductiva? Y es ahí Sra. Canciller, donde los
españoles necesitamos desesperadamente su ayuda.
Como conoce perfectamente, porque lo ha vivido en primera persona,
España ha estado gobernada durante más de siete años por un presidente
poco cualificado y ahora, a pesar de las ilusiones populares puestas
en el cambio, Mariano Rajoy se ha revelado un fracaso total. Ni tiene
coraje, ni tiene un plan ni intención alguna de tenerlo, toda su
gestión ha resultado una auténtica tragedia. Ambos, junto con el
aparato de sus propios partidos, funcionan exclusivamente como una
oligarquía -España tiene 450.000 políticos, cuatro veces más por
habitante que la UE- de intereses comunes y nunca como partidos
nacionales. Para ellos son más importantes sus ventajas partidistas y
personales que los intereses de la nación, lo que les lleva a mantener
a toda costa un modelo de Estado cuyo nivel de despilfarro y de
corrupción nos conduce a la ruina.
Vivimos bajo un modelo que dividió la nación en 17 autonomías
territoriales, totalmente contrarias, excepto dos, a la Historia y a
la realidad objetiva de España. Estas autonomías, cuyas competencias
más que duplican a las de los Estados federales, son el vehículo con
el que la oligarquía política fue colocando a sus familiares, amigos y
correligionarios, creando para ello, el equivalente a 17 mini estados
con todos los órganos propios de una nación, desde 17 Parlamentos a 19
televisiones públicas (todas en pérdidas), 23 Universidades sin
alumnos que las justifiquen a 22 aeropuertos con 300 pasajeros/mes,
pasando por infraestructuras absolutamente ruinosas. A ello se unen
8.200 Ayuntamientos, cuando no se justifican más de 3.000, y con
niveles de despilfarro inauditos. Sólo Madrid, la capital más
endeudada de Europa, tiene 1.500 asesores inútiles, 180 coches
oficiales, personal cinco veces más que los grandes ayuntamientos
mundiales y ha gastado 500 millones de euros en dotarse de la
sede-palacio más lujosa de Occidente, mientras el 23% de madrileños
vive por debajo del umbral de la pobreza, de ellos 140.000 niños. Y
ahora ¡quieren organizar los Juegos Olímpicos!
La rémora del empleo público
Primero colocaron a decenas de miles, luego a cientos de miles y hoy
totalizan dos millones de empleados públicos nombrados a dedo –causa
principal del brutal nivel de desempleo, ya que en España cada empleo
público destruye 2,8 puestos en el sector privado- y donde para no
tener que dar explicaciones a nadie crearían hasta 3.000 empresas
públicas, la gran tapadera del despilfarro, una inmensa telaraña de
ocultación de deuda y corrupción, empleando a 400.000 personas amigas
y con sueldos un 35% superiores a la media del sector privado.
El grueso de la crisis bancaria derivaría también del modelo de
Estado. El 54% de los depósitos de la banca se concentraba hasta el
año 2.000 en cajas de ahorro, que habían sido el referente de las
clases humildes españolas durante casi dos siglos y que se
convertirían en botín preferido de los Presidentes autonómicos, que
impondrían a personas políticas afines no profesionales al frente de
las mismas, al objeto de poder disfrutar de un poder económico casi
ilimitado para financiar sus obras faraónicas y los disparates más
inauditos.
Veinte “gestores” irresponsables y moralmente corruptos,
interrelacionados política y económicamente por 14 presidentes
autonómicos, que les garantizaría la no intervención del Banco de
España primero y la ocultación de la realidad de sus balances después,
financiarían los proyectos inmobiliarios más inauditos, que junto con
las grandes obras públicas llevarían a la quiebra a la mayoría de
estas instituciones bicentenarias en solo ocho años. PP, PSOE y
nacionalistas sellarían un pacto de silencio para que ninguno de los
responsables de tamaña catástrofe fuera procesado. La última acción al
respecto la protagonizaría el Sr. Rajoy, de acuerdo con el PSOE, al no
destituir al Gobernador del Banco de España por grave incumplimiento
de sus obligaciones a cambio de su silencio.
En conjunto, esta situación ha llevado a España a un nivel de
endeudamiento público y privado del orden del 400% del PIB, el más
elevado del planeta, una cantidad que jamás podrá ser devuelta. Dentro
de ella, la deuda pública no cesa de crecer, gracias a la actitud
absolutamente irresponsable del BCE, cuyos préstamos se entregan sin
control alguno para financiar el gasto corriente y los agujeros
bancarios, y donde ni un euro va a la economía productiva, lo que
arruinará España para varias generaciones. El rescate bancario ha sido
de nuevo insuficiente, porque se ha infravalorado la morosidad –la
real es doble de la oficial– y porque las viviendas caerán aún un 35%
y no se ha tenido en cuenta. Además crea un círculo vicioso de bancos
quebrados comprando deuda con el dinero del BCE para mantener un
Estado quebrado, que a su vez se endeuda para salvar a estos mismos
bancos quebrados. Sólo la actuación simultánea sobre el sistema
financiero, cerrando los bancos inviables y cambiando de modelo de
Estado, puede salvarnos.
Sin embargo, si la ya inevitable intervención se hace en forma
indiscriminada, desconociendo la realidad económica de la nación,
reduciendo salarios y prestaciones y subiendo impuestos, sin cortar de
raíz los focos de despilfarro y manteniendo intactos los 450.000
políticos, parásitos sociales en su mayoría, que nos han llevado a la
ruina, el resultado sería un desastre histórico y la miseria y el
hambre para millones. Es por ello Sra. Canciller, que como única
persona que está hoy en condiciones de ayudar al pueblo español, me
dirijo a Ud. para pedirla que antes de la intervención exija en su
lugar la supresión la locura económica que implica la actual
administración autonómica y local. La eliminación de un gasto inútil
de 120.000 millones de euros anuales, permitiría reducir el
endeudamiento y crear empleo significativamente en relativamente poco
tiempo, mientras que la alternativa conllevaría una brutal deflación
interna con unas consecuencias económica y socialmente devastadoras.
Un sufrimiento casi inimaginable para los españoles actuales y
futuros, para mantener los privilegios de una oligarquía política
parasitaria y corrupta.
Roberto Centeno, Catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de
Madrid
(Se envía copias a Wolfgang Schäuble, Ministro de Finanzas de
Alemania; Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI; Olli Rehn,
responsable de Asuntos Económicos y Euro de la Comisión, y Mario
Draghi presidente del BCE)
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