España en la encrucijada.

Por Rafael García Alonso

Tras sus pésimos resultados en las elecciones generales de 2019 Pedro Sánchez dedicó todos sus esfuerzos a obtener la presidencia del Gobierno de España, aunque ello supusiera incumplir todas y cada una de sus promesas preelectorales. En consecuencia, con la falta de escrúpulos que le caracteriza, P. Sánchez pactó con comunistas, golpistas y filoterroristas, conformándose así un nuevo Frente Popular que habría de regir los destinos de la nación española a lo largo de la legislatura que este año concluye. Como no podía ser de otra forma, ya que de la mala hierba nada bueno se puede esperar, las consecuencias derivadas de la actuación de este Gobierno Frankenstein han sido funestas para los españoles.

Así, el entramado podemita, consciente de que el comunismo solo puede prosperar electoralmente en medio del caos, ha traído consigo la crispación y la fractura social, todo ello con el rotundo apoyo del psicópata monclovita. De esta forma hemos asistido, con una mezcla de repudio y estupefacción, al hecho de que una doctrina como la ideología de género, que consagra la desigualdad ante la ley de hombres y mujeres y promueve el enfrentamiento entre ambos sexos, se ha convertido en el eje vertebrador de la convivencia, contraviniendo las normales pautas de relación determinadas por la propia naturaleza del ser humano. Asimismo, en apoyo de las aberrantes demandas del colectivo LGTBIQ+, se ha legalizado el cambio de sexo a partir de los 12 años, una edad en la que los individuos no han desarrollado plenamente su personalidad, con el agravante de que ni los progenitores ni los psicólogos y psiquiatras pueden interferir de ningún modo en la decisión del menor a la hora de iniciar un proceso de cambio de sexo que indefectiblemente concluye con la lamentable mutilación de los genitales y la hormonación de por vida. A su vez, hemos podido comprobar como desde el Gobierno socialcomunista, en lugar de implementar políticas de ayuda a la mujer embarazada, se promueve el aborto indiscriminado, demostrando la enorme maldad que anida en sus entrañas al negar alegremente el derecho a la vida del nasciturus. Igualmente, el Gobierno socialcomunista, plenamente inmerso en la “cultura del subsidio” con la única finalidad de desarrollar redes clientelares de voto cautivo, ha basado su política económica en la expansión del gasto público, lo cual ha traído consigo un vertiginoso crecimiento de la deuda pública y una fiscalidad confiscatoria que compromete la viabilidad de las empresas y autónomos, convirtiéndose así en una infernal máquina de creación de parados. Además, en una línea de acoso indisimulado a la propiedad privada, también hemos asistido a la defensa por parte del Estado de la ocupación de viviendas por individuos en su mayoría delincuentes, llegando esta promoción de la okupación al punto de registrar en el Congreso una proposición de ley que contempla ilegalizar empresas como “Desokupa”, debido a la impagable ayuda que a tantas familias ha prestado para recuperar su vivienda, lo cual ya es el colmo de la indecencia. Acompañando a todo ello nos encontramos con el apoyo del Gobierno socialcomunista a las mafias de tráfico de personas, de tal forma que actualmente tenemos una inmigración descontrolada, que no hace otra cosa que provocar, por un lado, el desarrollo de guetos culturales que se convierten en zonas “no-go” y, por otro lado, el aumento de la delincuencia debido a la falta de integración social de los inmigrantes ilegales. Por último, en este breve relato de barbaridades cometidas por este Gobierno de rasgos sociopáticos -ya que no distingue el bien del mal- vemos como, más allá de un discurso falsario en defensa del medio ambiente, nuestro deplorable presidente para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera no hace otra cosa que desplazarse en el Falcon, mientras que para paliar la sequía que secularmente padece España no tiene otra ocurrencia que destruir 108 embalses, lo cual pone en riesgo el suministro de agua a la población, amenaza la supervivencia de la agricultura y la ganadería y provoca una disminución de la producción de una energía verde como es la hidráulica. En consonancia con todo lo expuesto, cabe concluir que la coalición entre socialistas y comunistas solo ha ocasionado una progresiva demolición del constructo ideológico y moral propio de la civilización occidental, así como una acelerada propagación de la conflictividad social y la miseria a lo largo y ancho del territorio nacional, todo lo cual no debe sorprender a nadie, ya que ese es su legado habitual.

Igualmente, los pactos de Pedro Sánchez tanto con el independentismo catalán -supremacista y golpista- como con el separatismo vasco -racista y terrorista- ha tenido nefastas consecuencias para la convivencia ciudadana y el desarrollo de las siempre necesarias políticas de ámbito nacional, al perpetrarse desde la más absoluta impunidad un ataque sin precedentes a la unidad de la nación española, vulnerándose así el pacto constitucional suscrito por la inmensa mayoría de los españoles.

Por lo que respecta al pacto entre socialcomunistas e independentistas catalanes, hemos podido comprobar como P. Sánchez ha cumplido sumisamente con todas y cada una de las demandas de ERC, de tal forma que el Gobierno socialcomunista ha concedido el indulto a los líderes políticos golpistas, ha eliminado del Código Penal el delito de sedición a la vez que rebajaba las penas para el delito de malversación de caudales públicos y ha permitido que se elimine el español como lengua vehicular en las escuelas catalanas, dejando con todo ello allanado el camino para una nueva intentona sediciosa. Con la falsedad que le caracteriza, según P. Sánchez con todas estas medidas se ha conseguido normalizar la relación entere el Estado español y la Generalidad catalana, cuando la realidad es que el propio presidente catalán, Pere Aragonés, ha anunciado a bombo y platillo la celebración en un breve lapso de tiempo de un nuevo referéndum de autodeterminación, lo cual para nada sugiere que efectivamente se haya llegado a un entente cordial entre el Estado español y las fuerzas políticas independentistas.

En relación al pacto entre socialcomunistas y separatistas vascos, cabe decir que la subordinación del Gobierno de P. Sánchez a las exigencias de un filoterrorista como Arnaldo Otegi ha sido la nota predominante de esta ignominiosa relación, caracterizada por la búsqueda de apoyo parlamentario por los unos y el blanqueamiento del terrorismo abertzale por los otros. Así, hemos podido ver de cómo se trasladaba a todos los presos etarras a las cárceles vascas para la obtención de beneficios penitenciarios, como se permitían los actos callejeros de exaltación del terrorismo, como se aceptaba la puesta en marcha de un proceso de inmersión lingüística y, en el colmo de la ruindad, hemos escuchado a P. Sánchez mostrar sus condolencias al entramado abertzale por el suicidio en la cárcel de Martutene del terrorista Igor González Sola. Como contrapartida, en una clara demostración de que con las bestias sanguinarias solo cabe acabar con ellas, Bildu ha respondido al servilismo de P. Sánchez incluyendo en sus listas electorales a 44 condenados por pertenencia a ETA, ninguno de los cuales ha manifestado el más mínimo arrepentimiento por sus actos terroristas. Pues bien, frente a tamaña perversidad no por esperado deja de ser deleznable el que no haya habido ni el más mínimo reproche por parte del psicópata ávido de poder que tenemos al frente del Gobierno de España, demostrando así que su bajeza moral no admite límite alguno.

Ante tan deplorable escenario el nuevo Frente Popular ha encontrado en la Ley de Memoria Democrática su “bálsamo de Fierabrás”, ya que, apelando no a la racionalidad sino al sentimentalismo, se impone de manera absolutamente dictatorial un relato maniqueo y falsario en virtud del cual todo partido de derechas es esencialmente fascista, mientras que todo partido de izquierdas o independentista es progresista, logrando así aglutinar -ya sea por ignorancia, por necedad o por intereses espurios- a cierta parte de la ciudadanía. Son muchos los politólogos que han señalado que ello supone “reabrir viejas heridas” lo cual no deja de ser otra cosa que un eufemismo, ya que lo que subyace en dicho sintagma es la pervivencia de una estructura política caracterizada por la aceptación tácita de una dicotomía basada en el ensalzamiento de la izquierda y la estigmatización de la derecha. En consecuencia, en España no es ya que se estén reabriendo viejas heridas, sino que lo que realmente se está produciendo es una encarnizada batalla ideológica en la que se enfrentan dos proyectos políticos: por un lado, un proyecto socialcomunista, basado en la destrucción de la unidad e identidad histórica y moral de la nación española y la instauración de una república confederal de carácter bolivariano, y, por otro lado, un proyecto liberal-conservador, que apuesta por la unidad de España y la preservación de su historia, principios y valores. Inmersos en esta encrucijada ha llegado la hora de que los españoles decidamos cual de ambos modelos merece nuestra confianza, para de esta forma marcar la senda de nuestro destino. “Alea iacta est”.